Los alrededor de 16.000 administradores de fincas, que administran y gestionan el 80% del parque de viviendas que hay en España, ven con cierto recelo el proyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales, promovida desde el Ministerio de Economía. La propuesta legal reserva la colegiación para las profesiones relacionadas con la salvaguarda de intereses generales como la protección del medioambiente y del entorno urbano, la protección de la salud y la seguridad física y jurídica de los consumidores y usuarios. En los demás casos, liberaliza la actividad.
Los administradores colegiados sostienen en su defensa que «la principal inversión de una familia es la vivienda, un bien a proteger y que debe estar debidamente gestionado por profesionales capacitados. Si se quita la obligatoriedad de la capacitación, el usuario verá limitada su capacidad de reclamar», apunta Salvador Díez, presidente del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España (CGAFE).
El proyecto de liberalización se produce, además, en un momento en que la crisis también se ha dejado sentir en el negocio. «Si hace tres años se cobraba 4,5 euros por vecino al mes, ahora se ajusta a poco más de 3 euros», reconoce Díez. Una rebaja de en torno a un 25% que puede variar, al alza o a la baja, en función de las características de la comunidad y de la zona en que se encuentre.
Los representantes de los administradores colegiados arguyen que sus afiliados son personas que han recibido la correspondiente titulación oficial o título superior universitario y que, a través de sus colegios profesionales, tienen concertado un seguro de responsabilidad civil en caso de haber incurrido por omisión o negligencia en su actuación profesional. En algunos casos, además, cuentan con otro seguro de caución para responder de su gestión económica.
La liberalización, en opinión de los colegiados, pone en riesgo la seguridad que suponen las exigencias con las que trabajan los colegiados. Así que con motivo del cambio de regulación que pretende aplicar el Gobierno, los administradores de fincas quisieron testar la evaluación que los ciudadanos tienen de su actividad.
En su propio sondeo, un 79,8% de los españoles considera que la profesión de administrador de fincas debería incluirse entre aquellas para las que es obligatorio estar colegiado. Y, en el supuesto de que el Gobierno liberalizara la actividad y ésta pudiera ser ejercida por personas que no estuvieran colegiadas, el 66,8% piensa que sería perjudicial para la calidad del servicio que se presta a los propietarios.
La Ley de Propiedad Horizontal ya prevé que cualquier propietario, por el hecho de serlo y sin tener cualificación suficiente, puede ejercer como administrador. En cambio, si el cargo lo ejerce una persona, física o jurídica, ajena a la comunidad, sí debe contar con la acreditada cualificación profesional.
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